Por Jonathan Crespo, CEO & Founder de Numerus, y Rubén Valencia, Asesor de Gestión Educacional

La Carrera Docente, con su ambición de reconocer y dignificar la labor de los educadores, está entrando en su fase de plena implementación. Los ajustes salariales y normativos son pasos necesarios para consolidar ese objetivo. Sin embargo, también son un recordatorio de la complejidad de gestionar un sistema educativo en constante evolución.

La educación chilena se encuentra en una encrucijada determinante. Con la inminente fecha límite de junio de 2026 para la incorporación obligatoria de todos los establecimientos a la Carrera Docente, y los recientes anuncios de reajustes salariales y ajustes normativos, el sector se prepara para una fase de consolidación y, al mismo tiempo, de importantes desafíos.

El reajuste escalonado del sector público, que culmina este mes de junio de 2025 con la aplicación del último tramo del 0,64%, es una medida que, si bien esperada, exige una comprensión detallada. Es crucial recordar que cada porcentaje se aplica sobre el valor ya actualizado en la etapa anterior, lo que genera un efecto acumulativo. Esto impacta directamente en las remuneraciones legales clave como la Remuneración Básica Nacional (RBMN), la Bonificación de Reconocimiento Profesional (BRP) y las asignaciones por Tramo de Desarrollo Profesional, pilares de la dignificación económica que la Carrera Docente prometió.

Sin embargo, la complejidad se agudiza con las remuneraciones convencionales y la Remuneración Complementaria Adicional (RCA). La reajustabilidad de estas últimas, que nacen de acuerdos o de la necesidad de compensar diferencias al ingresar a Carrera Docente, dependerá de si sus componentes originales tenían reajustes previos. Esto abre la puerta a posibles asimetrías y a la necesidad de una gestión detallada por parte de los sostenedores para evitar inequidades. La Dirección del Trabajo, con sus pronunciamientos, ha intentado arrojar luz sobre esta intrincada materia, pero la casuística individual sigue siendo un factor a considerar.

Para los asistentes de la educación, cuya reajustabilidad se basa mayormente en acuerdos convencionales, la situación no es menos compleja. El concepto de “derecho adquirido” cobra particular relevancia, especialmente en lo que respecta a bonificaciones como la de la Ley 19.464, que si bien se actualiza anualmente en enero, podría generar la obligación de reajustes si ha sido una práctica reiterada por parte del colegio.

Pero quizás los cambios más trascendentales se asocian a las remuneraciones mínimas. El reciente aumento de la Remuneración Total Mínima (RTM) a $936.585 para los profesionales de la educación a partir del 24 de mayo de 2025, aplicable al sector particular subvencionado, marca un hito. Es vital comprender que la RTM no es el sueldo base (RBMN), sino el total imponible mínimo que un docente debe percibir. Esto obliga a los empleadores a revisar la suma de todos los haberes permanentes, excluyendo ciertos conceptos, para asegurar que ningún profesional quede por debajo de este umbral.

En paralelo, el ajuste del Ingreso Mínimo Mensual (IMM) a $529.000 desde el 1 de mayo de 2025, y a $539.000 desde enero de 2026, aunque distinto al sueldo base en su concepción, tiene un impacto directo. El Artículo 42 del Código del Trabajo es categórico: el sueldo base no puede ser inferior al IMM. Esto significa que, si el sueldo base actual de un trabajador es menor al nuevo IMM, debe ser ajustado al alza. La imposibilidad de completar el IMM con otros haberes desde 2008 recalca la urgencia de este ajuste en el componente fijo. La retroactividad del IMM a mayo de 2025, a pesar de la tardía promulgación de la ley, implicará que los colegios realicen ajustes y reliquidaciones, a menos que existan acuerdos escritos con los asistentes de la educación para postergar la adecuación.

La Carrera Docente, con su ambición de reconocer y dignificar la labor de los educadores, está entrando en su fase de plena implementación. Estos ajustes salariales y normativos son pasos necesarios para consolidar ese objetivo. Sin embargo, también son un recordatorio de la complejidad de gestionar un sistema educativo en constante evolución.

La comunicación clara, la gestión eficiente de los recursos y la comprensión profunda de la normativa serán esenciales para que directivos y sostenedores puedan navegar este período, asegurando que los beneficios de estos reajustes lleguen efectivamente a quienes los hacen posibles: los docentes y asistentes de la educación. El desafío ahora es transformar estas cifras en una mejora tangible de las condiciones y, en última instancia, de la calidad de la educación que nuestros estudiantes merecen.