El debate sobre el uso de dispositivos móviles en los colegios ha dado su paso más decisivo. Este martes 02 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que prohíbe y regula el uso de dispositivos digitales (incluidos celulares) en establecimientos de enseñanza básica y media.

Con esta votación, la iniciativa —que busca fomentar la concentración de los estudiantes y mejorar la convivencia escolar— pasa a tercer trámite constitucional, quedando en condiciones inminentes para su futura promulgación como ley.

Para los equipos directivos y encargados de convivencia escolar, este proyecto plantea no solo un cambio cultural, sino también una importante actualización de los instrumentos de gestión. A continuación, desglosamos los puntos críticos que impactarían la planificación escolar.

1. Entrada en vigencia: Marzo 2026
La normativa comenzaría a regir desde el inicio del año escolar 2026. Esto implica que los colegios deberían preparar sus comunidades y protocolos durante ya para una transición ordenada.

2. Plazo para actualizar el Reglamento Interno
Uno de los desafíos administrativos más relevantes será la adecuación normativa. El texto aprobado por el Senado otorga a los establecimientos hasta el 30 de junio de 2026 para actualizar sus reglamentos internos. Estos documentos deberán explicitar las medidas para hacer efectiva la prohibición, así como los protocolos de actuación ante incumplimientos.

3. Excepciones que se deben protocolizar
La prohibición no es absoluta. La ley contempla situaciones específicas que los colegios deberán gestionar y validar caso a caso, lo que requerirá una comunicación fluida con los apoderados. Las excepciones incluyen:

  • Necesidades Educativas Especiales (NEE): Uso como ayuda técnica para el aprendizaje.
  • Salud: Monitoreo de enfermedades diagnosticadas médicamente.
  • Emergencias: Situaciones de desastre o catástrofe.
  • Uso Pedagógico: Cuando sea requerido para actividades curriculares o extracurriculares.
  • Seguridad: Solicitudes fundadas y temporales de los apoderados.
  • Diferenciación en Enseñanza Media: El proyecto permite que los establecimientos fijen espacios u horarios específicos donde los estudiantes de media sí podrían utilizar sus dispositivos, otorgando cierta flexibilidad a la gestión interna.

4. Corresponsabilidad de las familias
Un punto relevante para la gestión de la convivencia es que el proyecto consagra la responsabilidad de los padres y apoderados de supervisar el uso digital fuera del horario escolar y de asumir las consecuencias del uso indebido, lo que refuerza la alianza familia-escuela.

5. Evaluación a largo plazo

Finalmente, se establece que el Ministerio de Educación deberá realizar una evaluación de impacto en un plazo de cinco años, cuyos resultados sobre convivencia, rendimiento y bienestar socioemocional se presentarán en marzo de 2030.

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