Un paso decisivo para el fortalecimiento de los climas escolares se dio este miércoles en el Congreso. La Comisión de Educación del Senado aprobó en particular el proyecto de ley de convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, cumpliendo así con su segundo trámite legislativo.
Esta iniciativa busca establecer un nuevo estándar para la gestión interna de los establecimientos, abordando una de las urgencias más sentidas del sistema: la necesidad de herramientas concretas para mejorar las relaciones dentro de las escuelas y liceos.
A continuación, desglosamos los pilares fundamentales de este avance legislativo y cómo impactará en la gestión educativa.
1. Un marco integral y roles definidos
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, destacó la importancia de este avance, señalando que el objetivo es “generar un marco completo de abordaje de los problemas de convivencia, además de una nueva estructura de sanciones y roles muy claramente definidos”.
La claridad en los roles es clave. El proyecto actualiza los reglamentos internos y el Plan de Gestión de la Convivencia Educativa, incorporando además capacitaciones obligatorias por parte de la Superintendencia de Educación.
2. La figura del Coordinador de Convivencia
Una de las grandes novedades es la profesionalización de la gestión del clima escolar. La ley crea la figura del Coordinador de Convivencia Educativa.
Este rol no será administrativo ni secundario; el proyecto establece que deberá contar con un perfil profesional idóneo, dedicación exclusiva y jornada completa. Su implementación será obligatoria para todos los establecimientos que cuenten con una escala grande de matrícula, asegurando así que la convivencia tenga un responsable dedicado al 100%.
3. Foco en el bienestar socioemocional
La normativa no solo sanciona, sino que previene. Se contempla la creación de un programa de bienestar socioemocional que reconfigura la Jornada Escolar Completa (JEC).
De hecho, este enfoque ya está en marcha: este año se inició un piloto con talleres en 176 escuelas y liceos de diversos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), incluyendo Iquique, Valparaíso, Gabriela Mistral, Punilla Cordillera y Andalién Sur. Según el ministro Cataldo, la evidencia demuestra que el desarrollo de actividades distintas a las habituales “colabora definitivamente en la construcción de mejores climas”.
4. Protección a los equipos y deber de denuncia
El proyecto pone un énfasis especial en el resguardo de la autoridad pedagógica y los derechos de los trabajadores de la educación. Esto se traducirá en:
- Mejoras en los estatutos que rigen a los docentes y asistentes.
- Nuevos procedimientos para la calificación de enfermedades profesionales derivadas del estrés laboral.
Asimismo, se elevan los estándares de responsabilidad: los adultos de las comunidades tendrán el deber de informar oportunamente hechos de acoso, violencia o discriminación. Por su parte, los sostenedores deberán garantizar la actuación oportuna y los procedimientos disciplinarios deberán regirse bajo principios de imparcialidad, privacidad, proporcionalidad y celeridad.
¿Qué sigue ahora?
Tras su aprobación en la Comisión de Educación, el proyecto será revisado por la Comisión de Hacienda, paso previo necesario antes de su votación final en la Sala de la Cámara Alta.
Desde el Ministerio esperan que el despacho sea pronto, dado que consideran una urgencia entregar estas herramientas al sistema educativo para acompañar preventivamente a los establecimientos y mejorar el monitoreo de su convivencia interna.
En Numerus seguimos atentos a los cambios normativos que impactan la gestión y el desarrollo de las instituciones.