En un movimiento estratégico para unificar los estándares de convivencia y justicia escolar, la Superintendencia de Educación ha emitido un dictamen que marca el fin de la dualidad administrativa en la aplicación de la Ley 21.128 (Aula Segura).

A partir de ahora, los colegios particulares pagados deberán regirse por el mismo marco legal que los establecimientos públicos y subvencionados ante hechos de violencia grave, eliminando los criterios discrecionales basados en reglamentos internos.

¿Qué cambia con este dictamen?

Hasta finales de 2025, los colegios privados operaban bajo un dictamen del año 2020 que les otorgaba mayor autonomía para gestionar suspensiones y expulsiones. Con esta actualización, la autoridad establece que el derecho a la educación y el debido proceso deben ser universales, independientemente de quién financie la matrícula.

A continuación, comparamos el escenario anterior frente a la nueva normativa:

Obligaciones inmediatas para los establecimientos

La Superintendencia ha sido clara: aunque la normativa rige de inmediato para hechos ocurridos tras su publicación (19 de diciembre de 2025), los colegios cuentan con un periodo de 90 días para actualizar sus Reglamentos Internos de Convivencia Escolar (RICE).

Desde el inicio del año escolar 2026, las instituciones privadas deberán integrar:

• Protocolos de Aula Segura: Aplicación íntegra para casos de conductas graves o gravísimas.
• Identidad de Género y Medidas Formativas: Implementación de las nuevas circulares que exigen un enfoque pedagógico, no solo sancionatorio.
• Prohibición de Discriminación Expresa: El dictamen reafirma que no se puede sancionar a un estudiante por deudas de los apoderados, rendimiento académico o situación de embarazo/maternidad.

“El derecho a la educación es el mismo para todos, sin importar el tipo de establecimiento. Nuestro deber es resguardarlo en cada caso”, señaló Loreto Orellana, superintendenta de Educación.

Certeza jurídica para las familias

Para las familias de colegios particulares, este dictamen traduce la convivencia escolar en certeza jurídica. Al existir un procedimiento estándar, se reducen los espacios para la arbitrariedad en procesos de expulsión, asegurando que los estudiantes tengan siempre una instancia de defensa y plazos conocidos de antemano.

Este es un paso decisivo hacia un Sistema Nacional de Educación más cohesionado, donde la seguridad de las comunidades y los derechos individuales no dependen del bolsillo de los padres, sino de una normativa robusta y transversal.