En un contexto donde la seguridad se ha vuelto una condición crítica para el ejercicio del derecho a la educación, el Ejecutivo ha ingresado a trámite legislativo un proyecto de ley (Boletín N°18.155-25) que busca endurecer la respuesta penal frente a delitos cometidos en entornos escolares.

Esta iniciativa surge como respuesta a cifras preocupantes: solo en 2025 se registraron 56.153 casos policiales al interior de establecimientos educacionales, afectando al 54,6% de los recintos a nivel nacional. Ante el aumento de amenazas (10,9%), lesiones y delitos vinculados a drogas y armas, el Estado busca fortalecer el resguardo de estudiantes, docentes y asistentes de la educación.

Claves del proyecto de ley

La propuesta legislativa introduce modificaciones estratégicas en el Código Penal para robustecer la protección jurídica del ecosistema escolar:

• Nuevas agravantes de responsabilidad penal: Se propone modificar el artículo 12 del Código Penal para incluir agravantes específicas cuando los delitos afecten a miembros de la comunidad educativa en el ejercicio de sus funciones o dentro del recinto escolar.
• Extensión de la protección territorial: La normativa no solo cubriría el interior de los colegios, sino también dependencias anexas, transporte escolar y lugares donde se realicen actividades extracurriculares.
• Delitos contra la propiedad: Se establecen sanciones más severas para robos y hurtos cometidos dentro de los establecimientos, reconociendo el daño que estos hechos causan al servicio educativo.
• Responsabilidad adolescente: El proyecto busca equiparar la responsabilidad penal de los adolescentes a la de los adultos en casos de especial gravedad ocurridos en contextos educativos.

Sinergia con la Nueva Normativa de Convivencia

Este avance legislativo no es un hecho aislado. Se inserta en un marco de fortalecimiento normativo que incluye la reciente Ley N° 21.809 sobre convivencia y bienestar. Mientras que la Ley N° 21.809 se enfoca en la gestión administrativa, preventiva y restaurativa de los conflictos, este nuevo proyecto del Ejecutivo dota al sistema de herramientas penales para enfrentar conductas que exceden la convivencia y entran en la esfera delictual.

El Rol de la Gestión Institucional

Para los equipos directivos y sostenedores, este escenario refuerza la necesidad de contar con Reglamentos Internos (RICE) actualizados y protocolos de denuncia robustos. La debida diligencia hoy no solo implica gestionar el conflicto interno, sino comprender cómo se articula la protección del personal y los estudiantes con el régimen penal vigente.

Desde Numerus Consultoría, seguimos de cerca estos cambios para asegurar que su institución cuente con las herramientas legales y técnicas necesarias para garantizar un entorno seguro y conforme a derecho.

*Fuente: Diario Constitucional