¿Qué pasa si un sostenedor nunca fue dueño del terreno donde funciona su colegio? Hoy la ley obliga a elegir entre ser propietario o comodatario del inmueble para acceder a la subvención; el arriendo solo se acepta como una salida transitoria, con fecha de vencimiento. Un proyecto de ley que ya pasó por ambas cámaras propone cambiar ese punto de partida, junto con otras tres materias que afectan directamente la gestión de los establecimientos particulares subvencionados.
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El lunes 23 de junio, el Presidente de la República, José Antonio Kast, y la ministra de Educación, María Paz Arzola, firmaron el proyecto de ley que propone una serie de reformas al Sistema de Admisión Escolar (SAE), restituyendo "el mérito" como eje central del proceso de admisión. La ceremonia se realizó en el salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, y la iniciativa fue ingresada al Congreso bajo el Boletín N°18.389-04.
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El Ministerio de Educación ha emitido un instructivo clave para la gestión de los Programas de Integración Escolar este año. A través del Ord. N° 05/1686 del 18 de junio de 2026, la autoridad dictaminó una serie de medidas transitorias y flexibilizaciones operativas dirigidas al proceso de ingreso excepcional al PIE 2026.
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El artículo 44 de la Ley de Presupuestos 2026 introdujo, con escasa difusión pública, una modificación de consecuencias prácticas mayúsculas para los sostenedores de establecimientos particulares subvencionados. La norma postergó el ingreso obligatorio al Sistema de Desarrollo Profesional Docente desde julio de 2026 a julio de 2027, por razones presupuestarias, pero estableció una excepción: los docentes que rindieron los instrumentos de evaluación en 2025 y sean reconocidos en la Resolución de tramos correspondiente sí modificarán su estructura remuneracional en julio de este año.
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La Ley N° 21.188, vigente desde diciembre de 2019, constituye uno de los pilares fundamentales en la protección jurídica de quienes integran las comunidades educativas en Chile. Conocida en el debate público como la ley de "Consultorio Seguro" o "Aula Segura penal", esta normativa endureció significativamente las sanciones contra agresiones dirigidas a profesionales y funcionarios de establecimientos educacionales y de salud, tanto públicos como privados.
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Si bien la modificación legal fue incorporada en diciembre, la interpretación formal del artículo 44 de la Ley de Presupuestos, establecida en el ordinario del 10 de abril de 2026, cambió el criterio de aplicación del ingreso al Sistema de Desarrollo Profesional Docente. El punto central: el impacto remuneracional se determina docente por docente, y no a nivel de establecimiento.
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Este lunes 25 de mayo se publicó en el Diario Oficial la Ley n.º 21.819, que busca fortalecer la gestión educativa y mejorar la administración e instalación del Sistema de Educación Pública. Lo anterior, con especial énfasis en la estructura, funciones y manejo de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), creando mecanismos de coordinación intersectorial y estableciendo el año 2035 como plazo máximo para concretar el traspaso desde municipios.
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La Superintendencia de Educación ha anunciado que durante el segundo semestre de 2026 habilitará una nueva edición del proceso de rectificación de rendiciones de cuentas. Los periodos cubiertos van desde 2021 hasta 2025, pero no todas las correcciones se tramitan de la misma manera. Conocer las diferencias —y preparar la documentación con anticipación— es clave para enfrentar un proceso que la Superintendencia fiscaliza con especial rigor.
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Te invitamos a participar en nuestro nuevo Ciclo de Talleres Abiertos — Carrera Docente 2026, un espacio diseñado por especialistas para entregarle a tu equipo las herramientas normativas y prácticas necesarias para liderar este proceso sin tropiezos.
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El panorama normativo para los establecimientos educacionales en Chile ha dado un giro relevante. La reciente promulgación del proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas no es solo un ajuste formal, sino una reforma integral que moderniza la Ley General de Educación (LGE) y redefine las responsabilidades de los sostenedores.
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La Superintendencia de Educación ha emitido nuevas directrices que modifican y precisan el proceso de Rendición de Cuentas de Recursos 2025. A través de los dictámenes ORD. 9DFI N° 0532 y ORD. 9DFI N° 0533, la autoridad fiscalizadora establece cambios fundamentales en la acreditación de saldos y define el calendario operativo para el cierre de este ciclo.
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La Superintendencia de Educación ha comunicado formalmente, a través del Ordinario N° 0486, la extensión del plazo para finalizar la "Declaración del Sostenedor" correspondiente al proceso 2025-2026. Esta medida busca asegurar que la totalidad de las entidades sostenedoras convocadas puedan dar cumplimiento a esta obligación establecida en la normativa educacional vigente.
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