Por Jonathan Crespo. CEO Founder Numerus.

El sostenedor, como empleador en el ámbito educativo, ha sido históricamente responsable de administrar los recursos necesarios para la enseñanza. Sin embargo, con el aumento de la participación del Estado en la financiación de la educación, reemplazando progresivamente el financiamiento compartido por la gratuidad, estos recursos se han vuelto más regulados y sujetos a estrictas normas de uso, rendición de cuentas y fiscalización. Esta situación presenta tanto ventajas como desafíos para el sostenedor y los docentes.

La relación laboral entre los profesionales de la educación y los sostenedores ha evolucionado en los últimos años, convirtiendo al sostenedor en la contraparte del empleado docente. Aunque, tradicionalmente, el sostenedor ha ejercido como empleador y ha tenido la libertad de gestionar los recursos para la enseñanza, en la actualidad, se enfrenta a regulaciones estrictas impuestas por el Estado debido a la naturaleza de los recursos públicos involucrados.

La creciente imposibilidad del sostenedor de disponer libremente de estos recursos y los desafíos que esto plantea en la carrera docente y su relación con los convenios o negociaciones colectivas.

El sostenedor, como empleador en el ámbito educativo, ha sido históricamente responsable de administrar los recursos necesarios para la enseñanza. Sin embargo, con el aumento de la participación del Estado en la financiación de la educación, reemplazando progresivamente el financiamiento compartido por la gratuidad, estos recursos se han vuelto más regulados y sujetos a estrictas normas de uso, rendición de cuentas y fiscalización. Esta situación presenta tanto ventajas como desafíos para el sostenedor y los docentes.

En cuanto a las ventajas, la regulación de los recursos públicos garantiza una mayor transparencia en su uso. Los fondos asignados por el Estado deben ser utilizados exclusivamente para fines educativos, lo que contribuye a evitar desviaciones o malversaciones. Además, la fiscalización ayuda a asegurar que los recursos se utilicen de manera eficiente y equitativa en beneficio de los estudiantes y el personal docente.

Sin embargo, esta mayor regulación también plantea desafíos significativos para el sostenedor y los docentes en el marco de la Carrera Docente y los acuerdos colectivos. En primer lugar, la imposibilidad de disponer libremente de los recursos puede limitar la capacidad del sostenedor de cumplir los compromisos o acuerdos colectivos que haya contraído antes del ingreso a la Carrera Docente. La Ley 20903 en su esencia, busca reconocer la experiencia, competencias y conocimientos alcanzados por los profesionales de la educación, con una mejor remuneración e incentivar la mejora constante, pero ningún objetivo apunta a lo colectivo más bien solo al individual.

Además, la falta de flexibilidad en la asignación de recursos puede generar tensiones en la relación entre el sostenedor y los docentes. Estos últimos pueden sentirse frustrados si consideran que los recursos asignados no son suficientes o no se utilizan de manera eficiente. Es fundamental que exista una comunicación clara y abierta entre ambas partes para abordar estas preocupaciones y buscar soluciones colaborativas o colectivas.

En resumen, el papel del sostenedor en la Carrera Docente ha experimentado cambios significativos debido a las regulaciones impuestas por el Estado en el uso de los recursos educativos. Si bien estas medidas tienen como objetivo garantizar una gestión transparente y eficiente de los fondos públicos, también plantean desafíos para el sostenedor, docentes y dirigencias sindicales. Es crucial promover un diálogo constructivo y una colaboración estrecha entre ambas partes para encontrar soluciones que permitan una administración adecuada de los recursos y, al mismo tiempo, fomenten la innovación y la calidad educativa en beneficio de los estudiantes.