Hace apenas unas semanas, el sistema frontal de mediados de julio dejó comunas aisladas, viviendas destruidas, cortes de luz prolongados, miles de personas albergadas y suspensión de clases en regiones desde Atacama hasta La Araucanía. A ese saldo se suma ahora un nuevo temporal en el norte: quebradas activadas y evacuaciones en Alto del Carmen, Tierra Amarilla y Diego de Almagro, más de 21 mil clientes sin suministro eléctrico entre Arica y Parinacota y Coquimbo, y localidades cordilleranas cubiertas por la nieve. En Atacama, la suspensión de clases del jueves y viernes completa cuatro jornadas consecutivas sin actividad escolar.

En la conversación pública, esa última medida ocupa —una vez más— un lugar menor, como si fuera solo un trámite administrativo. No lo es. Para los colegios que financian su operación con una subvención estatal calculada sobre la asistencia efectiva, cada día sin clases es también un problema financiero inmediato. A la vez, sus sostenedores deben resolver en horas si el personal debe presentarse a un establecimiento con riesgo de aislamiento, sin una doctrina laboral uniforme sobre sus obligaciones.

Que ambos episodios ocurran con semanas de diferencia confirma que no estamos ante una excepción, sino ante una situación estructural. La política de emergencia climática chilena sigue diseñada para la reconstrucción física: viviendas, caminos, infraestructura. Olvida la dimensión administrativa y financiera de las instituciones educativas, que deben sostener sus operaciones mientras la autoridad decide. Urge una normativa de excepcionalidad más ágil y menos discrecional, que no obligue a cada sostenedor a litigar caso a caso su derecho a no perder ingresos por decisiones de la propia autoridad.

Rubén Valencia G.

Director Área Técnica Numerus Consultoría