Por Rubén Valencia, Director Ejecutivo de Numerus Consultoría

El reciente escándalo por el doble cobro del IPC en las boletas de electricidad, que derivó en la salida del ministro de Energía, reveló cómo un error de cálculo en la gestión pública puede golpear directamente el bolsillo de los ciudadanos. Lamentablemente, un error de cálculo de naturaleza similar, aunque menos mediático, está ocurriendo hoy en el financiamiento de la educación subvencionada.

Con la reforma de pensiones aprobada este año, el Estado se comprometió por ley a financiar el aumento del 1% en la cotización previsional de los trabajadores de la educación. En palabras simples: el alza en las cotizaciones de profesores y asistentes de la educación debía ser cubierta íntegramente con recursos fiscales. Sin embargo, al igual que en el caso de la luz, nos encontramos con un preocupante desfase entre la ley y la realidad numérica.

A pesar de que las cotizaciones patronales subieron en agosto, el compromiso estatal no se ha materializado. El aporte fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N°4 (2025) —que define el complemento para financiar la reforma— es alarmantemente insuficiente.

Nuestro análisis en Numerus Consultoría, basado en una muestra representativa de colegios particulares subvencionados, confirma la magnitud del problema. El aporte estatal solo está cubriendo, en promedio, entre un 55% y un 75% del costo real de las nuevas cotizaciones.

Esto significa que los colegios están siendo forzados a asumir ilegalmente entre un 25% y un 45% de un alza que no les corresponde, poniendo en jaque sus ya ajustados presupuestos.

Esta preocupación es extendida. Tal como han alertado centros de estudio como Libertad y Desarrollo, el Presupuesto 2026 ni siquiera contempla el reajuste necesario para cubrir esta obligación legal.

Este desfase no es una diferencia de opinión, sino una irregularidad en los cálculos oficiales. Aquí la fórmula de financiamiento educacional se quedó corta, perjudicando a sostenedores, profesores y, en última instancia, a los estudiantes.

No se trata de buscar privilegios, sino de exigir el cumplimiento de la ley.

Tal como ocurrió con las cuentas de la luz —donde el error metodológico obligó a rectificar tarifas e incluso evaluar compensaciones—, en educación urge corregir el mecanismo de cálculo del aporte fiscal. La solución técnica existe y es simple: el Ministerio de Educación podría utilizar información directa desde Previred para conocer el monto real de las cotizaciones de cada colegio, en vez de usar estimaciones que generan brechas. La transparencia y exactitud de los datos permitiría ajustar el aporte de forma equitativa.

Dada la complejidad de este tema, hemos elevado un requerimiento formal ante la Contraloría General de la República para que se instruya al Ministerio de Educación a regularizar esta situación.

Creemos firmemente que el Estado debe enmendar este error de cálculo cuanto antes, disponiendo los fondos necesarios y perfeccionando el método. Solo así se garantizará que la reforma previsional cumpla su objetivo sin socavar la estabilidad financiera de los colegios.

Al igual que los usuarios eléctricos merecían una tarifa justa y bien calculada, nuestras comunidades escolares merecen un financiamiento justo y bien calculado. Esperamos que las autoridades actúen con diligencia para aclarar este “cortocircuito” en las cuentas de la educación.