El artículo 44 de la Ley de Presupuestos 2026 introdujo, con escasa difusión pública, una modificación de consecuencias prácticas mayúsculas para los sostenedores de establecimientos particulares subvencionados. La norma postergó el ingreso obligatorio al Sistema de Desarrollo Profesional Docente desde julio de 2026 a julio de 2027, por razones presupuestarias, pero estableció una excepción: los docentes que rindieron los instrumentos de evaluación en 2025 y sean reconocidos en la Resolución de tramos correspondiente sí modificarán su estructura remuneracional en julio de este año.
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La Ley N° 21.188, vigente desde diciembre de 2019, constituye uno de los pilares fundamentales en la protección jurídica de quienes integran las comunidades educativas en Chile. Conocida en el debate público como la ley de "Consultorio Seguro" o "Aula Segura penal", esta normativa endureció significativamente las sanciones contra agresiones dirigidas a profesionales y funcionarios de establecimientos educacionales y de salud, tanto públicos como privados.
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La tercera edición de la NIIF para las PYMES entra en vigor el 1 de enero de 2027. Los colegios están dentro de su alcance — y los cambios son más profundos de lo que parece.
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Si bien la modificación legal fue incorporada en diciembre, la interpretación formal del artículo 44 de la Ley de Presupuestos, establecida en el ordinario del 10 de abril de 2026, cambió el criterio de aplicación del ingreso al Sistema de Desarrollo Profesional Docente. El punto central: el impacto remuneracional se determina docente por docente, y no a nivel de establecimiento.
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Este mes, conversamos con Cecilia Riquelme, Encargada de Remuneraciones de la Fundación Juan XXIII. Con la responsabilidad de coordinar la administración de 9 establecimientos, y una matrícula que supera los 7.000 alumnos y un equipo de 805 funcionarios, Cecilia lidera una de las operaciones más robustas y complejas del sector.
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Este lunes 25 de mayo se publicó en el Diario Oficial la Ley n.º 21.819, que busca fortalecer la gestión educativa y mejorar la administración e instalación del Sistema de Educación Pública. Lo anterior, con especial énfasis en la estructura, funciones y manejo de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), creando mecanismos de coordinación intersectorial y estableciendo el año 2035 como plazo máximo para concretar el traspaso desde municipios.
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La Superintendencia de Educación ha anunciado que durante el segundo semestre de 2026 habilitará una nueva edición del proceso de rectificación de rendiciones de cuentas. Los periodos cubiertos van desde 2021 hasta 2025, pero no todas las correcciones se tramitan de la misma manera. Conocer las diferencias —y preparar la documentación con anticipación— es clave para enfrentar un proceso que la Superintendencia fiscaliza con especial rigor.
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Con mucho orgullo compartimos una noticia que marca un hito importante en la historia de Numerus: fuimos seleccionados por la Jones Graduate School of Business de la Universidad de Rice (Houston, Texas) para ser la empresa cliente de uno de sus proyectos de consultoría internacional más destacados: el programa Global Field Experience.
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Te invitamos a participar en nuestro nuevo Ciclo de Talleres Abiertos — Carrera Docente 2026, un espacio diseñado por especialistas para entregarle a tu equipo las herramientas normativas y prácticas necesarias para liderar este proceso sin tropiezos.
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En Numerus iniciamos una nueva etapa de colaboración y crecimiento. Con orgullo compartimos que nos hemos sumado oficialmente a Chiletec, la asociación de empresas de tecnología más relevante del país, con más de 22 años impulsando el desarrollo de la industria digital nacional.
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Chile ha marcado un hito en la educación pública internacional. El Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente San Nicolás (Región de Ñuble) y el Liceo Bicentenario Víctor Jara de Peralillo (Región de O’Higgins) han sido seleccionados por la Fundación Varkey como parte de los 50 establecimientos más innovadores e influyentes del mundo.
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El panorama normativo para los establecimientos educacionales en Chile ha dado un giro relevante. La reciente promulgación del proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas no es solo un ajuste formal, sino una reforma integral que moderniza la Ley General de Educación (LGE) y redefine las responsabilidades de los sostenedores.
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